“Sì, vendetta, tremenda vendetta
di quest’anima è solo desio”.
- Verdi – F. Piave, Rigoletto, Acto Segundo
I.-
El texto elegido como epígrafe nos lleva al final del segundo acto de la ópera Rigoletto. El dúo entre el bufón deforme y Gilda, breve pero muy intenso desde el primer compás, sacude las fibras de la sensibilidad más curtida. Tal la fuerza expresiva de la ira y del deseo de venganza que dimana de ese padre ante el ultraje hecho a su hija.
Desde la más remota antigüedad el deseo de venganza ha atormentado a los hombres, impregnando su historia y también diversas expresiones del arte con hechos reales o míticos. En Grecia tenía sus propias diosas: las Furias, también llamadas Erinias o Euménides. Pero si bien ellas perseguían y castigaban con ferocidad a los autores de crímenes, igualmente producían horror en toda clase de hombres, que las representaban como fuerzas oscuras, incapaces de sentir piedad o cualquier otro sentimiento noble. Y por eso muchas veces causantes de la ruina propia de los que buscaban venganza o de la destrucción de sus ciudades.
Para el pensamiento cínico la venganza es una forma de justicia. Pero por muchas razones esto no es así, sino más bien lo contrario, ya que la venganza no solamente carece de proporciones, sino que busca más satisfacer el dolor –cuando no la rabia- del ofendido (lo que casi siempre se revela imposible), que aplicar un justo castigo al ofensor.
Por eso es posible afirmar que la tarea de Diké, entre otras, es la de apaciguar a las Furias. Ella sabe bien de qué magnitud pueden llegar a ser las tragedias cuando los hombres la abandonan para dejarse llevar por las Erinias. Al fin y al cabo, la pasión vengativa del bufón Rigoletto lo guiará hacia ese final no querido ni buscado, sosteniendo en sus brazos el cuerpo sin vida de su hija.
II.-
Leyes tan absurdas como inicuas y la falta de justicia –mejor dicho, la sucesión de injusticias cometidas en la Argentina durante décadas- hizo que las Furias se desataran sobre nuestra patria. Diversas causas y factores conspiraron para que fuera así, pero su señalización no es el propósito de esta Declaración. Sin embargo, es necesario decir que la cuota mayor de responsabilidad la tuvo y la tiene la llamada clase política, cuya vileza es tan grande y manifiesta como su ineptitud. Pese a ello, jamás se ha escuchado de alguno de sus integrantes un mínimo reconocimiento de sus felonías, que han llevado a la nación al anonadamiento en que se encuentra al cabo de treinta y cinco años de haberla gobernado (y saqueado) a su antojo.
Ahora bien, para prevenir o remediar la falta de justicia, las comunidades políticas se dan leyes fundadas en principios permanentes e instituciones con la facultad de aplicarlas y hacerlas cumplir cuando son desobedecidas. Con todas las fallas e inconvenientes que pueden resultar del obrar humano, las comunidades políticas procuran establecer sobre esos paradigmas el recto orden social, sin el cual corren el riesgo de disolución.
Como enseña Aristóteles, el principio de cualquier ordenación –también el de la política- es la noción de fin, que tiene cierta razón de bien. Los hombres que cumplen la función de gobernar pueden discrepar acerca del fin que persiguen y, sobre todo, sobre los medios para alcanzarlo. Sin embargo, ninguno se atrevería a decir que el fin que se propone tiene razón de mal; por ejemplo, conseguir su bien particular, con desmedro del bien común político.
De hecho, sin embargo, eso fue lo que ocurrió en la Argentina, en especial a partir de la presidencia de Néstor Kirchner, quien puso el ya devaluado orden jurídico de los restos de república que teníamos, en las manos de quienes le garantizaron una gobernabilidad que no tenía. El resultado fue la entronización en el país, entre muchas otras calamidades, de un vasto programa de disolución moral y cultural, que incluyó, tras un golpe de estado que destituyó a la mayor parte de los jueces de la Corte Suprema, el sometimiento político y jurídico del Estado a los burócratas mundiales del derecho-humanismo y la persecución de los hombres de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, conducidos como maleantes a tribunales integrados por jueces prevaricadores, corruptos o simplemente cobardes (ver nuestra declaración “El legado de un perverso”, en Doce años de declaraciones que no necesitan aclaraciones, Infip, Buenos Aires, 2017, págs. 123 a 128).
III.-
Nuestro Instituto se ha ocupado con anterioridad de esta derrota nacional, denunciando el mal profundo causado a la patria, incluso cuando muy pocos se atrevían a hacerlo (ver la declaraciones “Justicia o venganza” del 30/12/2008, “La impunidad y la crueldad” del 6/9/2011), “Acerca de los últimos” del 15/12/2015), en el libro citado págs. 64/67, 134/138, 273/276 respectivamente e incluso la carta personal de Bernardino Montejano respecto a la postrera del 21/12/2015, que muestra un vivo diálogo con un “garantista” incoherente (págs. 277/280).
Ha sido expuesta, en efecto, la extinción del Derecho, víctima de un activismo judicial que, desde la Corte hasta los más ínfimos tribunales penales, sustituyó los principios más básicos del orden jurídico por otros fundados en la ideología de los derechos humanos, (denunciada en nuestra declaración “Un pueblo equivocado y un país sin ley” del 16/2/2010 págs. 89/95) en el libro citado), la sed de venganza o una supuesta voluntad popular exteriorizada a través de los medios masivos de comunicación, tan perversos, falsarios y sumisos como aquellos jueces.
Se asistió también a la farsa de los juicios que fueron llamados de lesa humanidad, la complicidad de los jueces con los querellantes, la falsificación de actuaciones y de pruebas, la conculcación del derecho de defensa. Hasta llegar a que algunos de los jueces que han juzgado y condenado a militares, policías y gendarmes, habían sido miembros o simpatizantes de las bandas terroristas que bañaron en sangre a la Argentina. Y todo ello mientras se concedía impunidad y se indemnizaba a esos criminales, mientras se ninguneaba a las víctimas de sus crímenes.
Se sumó a ello la falsificación de nuestra historia y su reemplazo por una “memoria histórica”, invento totalitario de la izquierda mundialista, que deja la tarea de interpretar los hechos históricos a los políticos e ideólogos desde el Estado. Así se fomenta el odio para que lo ejerzan las jóvenes generaciones, convenientemente preparadas para que no conozcan nada más allá del adoctrinamiento ideológico recibido en las escuelas.
Pese a todo esto, se pudo pensar que el cambio de gobierno producido tres años atrás, cuyo jefe prometió acabar con “el curro de los derechos humanos”, podría significar también un giro en dirección de la justicia vencida por la venganza. Contribuía a ello la aparición -tímida al comienzo, más audaz después- de voces disidentes, que habían sido favorables a los juicios, pero que por ser honestas no pudieron continuar simulando los escándalos y desmesuras que los acompañaban.
La aplicación de la ley 24.390, conocida como la “ley del 2×1”, a los enjuiciados por los llamados delitos de lesa humanidad, no fue ni por asomo la reparación del tremendo daño causado a las personas y a las instituciones, y mucho menos el restablecimiento de la justicia sistemáticamente ultrajada. Pero por lo menos implicaba para muchos hombres la terminación de una prisión gravemente injusta y también ilegal. Para muchos otros llegaría tarde, porque habían muerto a causa del envejecimiento prematuro provocado y las torturas físicas y morales causadas en las cárceles. Por eso, el fallo de los jueces Rosenkrantz, Rosatti y Highton de Nolasco, que se impuso sobre los recalcitrantes Lorenzetti y Maqueda, se vio como que podía ser el inicio de un intento de reencausar a los argentinos en la senda de la concordia.
Pero no fue así. Las Furias movilizaron el odio, que arrastró a algunos miles a la Plaza de Mayo. Atemorizaron a la clase política, incluida la parte del gobierno de Macri, que entre gallos y medianoche sancionó casi por unanimidad una ley inconstitucional, número 27.362, consagrando la retroactividad en materia penal y la inaplicabilidad de la ley penal más benigna, lo que nos puso a la cabeza de los países más incivilizados del mundo. El diario La Nación, en su edición del 26/11/2018, publicó un editorial donde entre otros términos decía: “Hubo escraches y amenazas a los jueces de la Corte y una intensa actividad intimidatoria que movilizó a la obtención de mayorías en las dos cámaras del Congreso de la Nación para la sanción de una ‘ley aclaratoria’. Se configuró así un menoscabo a la independencia del Poder Judicial, que alteró los principios y garantías establecidos en nuestra Constitución.”
La cuestión volvió entonces a la Corte y el resto es sabido, porque es bien reciente. También allí, las Erinias hicieron lo que saben hacer. Los jueces Rosatti y Highton de Nolasco cambiaron el voto emitido pocos meses atrás por otro diametralmente opuesto, dejando aislado al juez Rosenkrantz. Un giro de 180 grados, como se suele decir.
Y ¿Por qué lo hicieron?
El contenido de los votos de Rosatti y Highton de Nolasco no da respuesta a esos interrogantes. Es tal la orfandad de sus argumentos que la crítica de los juristas serios ha sido completa y definitiva. Tan solo unos pocos divulgadores, cuyo fanatismo ideológico los traiciona, han hecho modestos esfuerzos para justificar lo injustificable.
Hace pocas horas hemos leído con sorpresa un artículo de esos, donde su autor dice que para entender el derecho “no basta con escuchar lo que dicen los tribunales”, por lo que propone inaugurar una suerte de “diálogo constitucional (que) refiere a una tarea que trasciende el Poder Judicial”, “una conversación constitucional extendida, que involucra a toda la ciudadanía […].”
IV.-
Frente a semejantes dislates y al peligro que conllevan, el ambiente precisa ser refrescado. Ahora un par de citas saludables:
Una, la de Robert Jackson, un fiscal de los Estados Unidos:“No se debe poner a ninguna persona en juicio si uno no está decidido a dejarla en libertad si no se prueba su culpabilidad.”
“Si uno está dispuesto a ejecutar a esa persona en cualquier caso no debiera organizarse ningún proceso penal, porque el mundo no respeta a aquellos tribunales que han sido simplemente organizados para condenar.”
El problema es grave: si el gobierno es superior al derecho, este último no impera sino de palabra. Y donde no hay derecho, no hay posibilidad de garantizar ni el Orden, ni la Verdad, ni la Justicia.”
Y avala el jurista alemán Hassemer:“Una cultura jurídica se prueba a sí misma a partir de aquellos principios cuya lesión nunca permitirá, aun cuando esa lesión prometa la mayor de las ganancias.”
V.-
Sin embargo, no debemos perder la esperanza, porque tal vez en esta patria argentina algún día se acaben la impunidad y la crueldad. Las buenas señales ya no tenemos que buscarlas en Europa oriental, en Polonia, en Hungría, o en Italia, sino que aparecen muy vecinas y un caso paradigmático lo tenemos en el terrorista italiano Césare Battisti. Integrante del grupo Proletarios Armados por el Comunismo, un brazo de las Brigadas Rojas, condenado en ausencia en 1993 a prisión perpetua por varios asesinatos. Fugitivo de la justicia de su patria, acabo en Brasil, donde la Corte Suprema en fallo no vinculante autorizó su extradición en el año 2000. Lula da Silvia rechazó la sentencia y su sucesora lo protegió. Con los nuevos aires que soplan allí el presidente Temer ordenó la deportación del terrorista y hoy es buscado por la Policía para detenerlo en un gran operativo. Salvini, el nuevo “hombre fuerte” del gobierno italiano se dirigió al presidente electo de Brasil: Battisti “es un condenado a cadena perpetua que está disfrutando la vida en las playas de Brasil en la cara de las víctimas”, a lo cual Bolsonaro no tardó en responder: “Que todo sea normalizado brevemente en el caso de este terrorista asesino defendido por compañeros brasileros con las mismas ideas. ¡Cuente con nosotros!” (La Nación, 18/12/2018).
¡Ojalá escucháramos este lenguaje en esa medusa (agua mala) que nos gobierna, que traicionó sus promesas electorales y que solo busca continuar promoviendo nuestros males comunes!
Buenos Aires, diciembre 20 de 2018
Juan Vergara del Carril Bernardino Montejano Secretario Presidente
