DECLARACIÓN DEL INSTITUTO DE FILOSOFÍA PRÁCTICA ACERCA DE CHINA, LA PENA DE MUERTE Y LA DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA

“Es el horror que siento por la sangre vertida cuando es inocente, lo que me constriñe a inventar el verdugo”
Saint-Exupéry

I.

Un informe de Amnistía Internacional publicado el 9 del corriente acerca de la pena de muerte en el orbe dice que en el 2018 los ejecutados fueron 690 personas, que disminuyó en general, advirtiendo su incremento en algunos países, entre ellos Bielorrusia, Japón, Singapur, Sudán del Sur, Vietnam y los Estados Unidos.

Luego, agrega que “China sigue siendo el país que encabeza el número de ejecuciones, seguida de Irán, Arabia Saudita, Vietnam e Irak. El gigante asiático no proporciona cifras oficiales por considerarlas secreto de Estado. La organización estima que allí se cuentan por miles cada año” (La Prensa, Buenos Aires, 10/4/2019).

Es interesante un informe de la misma organización del 2011 en el cual señala que si bien en la década anterior las ejecuciones disminuyeron, en Medio Oriente se duplicaron: en Irán 360, en Arabia Saudita 82, en Irak, 68. En los Estados Unidos, único país americano que aparece, fueron 43.

Al año siguiente, encontramos de nuevo a Irán con 314, Irak 129, Arabia Saudita 79, Yemen 28. Sudán 19, Afganistán 16. Estados Unidos repite el número 43.

Es importante señalar los delitos castigados con la pena capital: tráfico de drogas, China, India, Irán, Indonesia, Pakistán, Arabia Saudita; blasfemia, Pakistán e Irán; apostasía, hostilidad a Dios, sodomía y adulterio, Irán; hurto agravado: Kenia, Zambia, Arabia Saudita; estupro y brujería: Arabia Saudita; delitos económicos: China (Corriere della Sera, Milán, 10/4/2013).

Lo que sucede en China, ese “inmenso convento sin Dios”, como se tituló un libro, es un misterio. Pero se calcula que las ejecuciones oscilan entre tres y cinco mil por año, lo cual indica lo relativo de las cifras totales de Amnistía Internacional y en realidad no se sabe si las mismas aumentan o disminuyen.

La doctrina social de la Iglesia no es un invento de los papas y menos de un Papa, aunque sea el actual, que además, es argentino. En cambio, constituye una larga elaboración que hicieron los Padres de la Iglesia, los grandes teólogos, los doctores y las doctoras, basada en la ley natural, conocida por todos los hombres a través de la sindéresis que les permite distinguir en grandes líneas lo bueno de lo malo y es por eso, que ciertos documentos se dirigen “a los hombres de buena voluntad” y en la ley divina positiva, revelada mediante las Sagradas Escrituras.

Lo que hace la cátedra romana es explicitarla, atendiendo a las circunstancias y a veces con finalidad pastoral, con mayor o menor precisión y brillo, según sean sus intérpretes (Así en nuestro tiempo, Pío XII, Benedicto XVI o Francisco.

En el Libro del Éxodo se ordena: “no quitarás la vida al inocente ni al justo” (23,7); pero un hombre injusto puede despojarse de ese derecho y hacer surgir en su prójimo el derecho a la legítima defensa como establece el mismo texto del Antiguo Testamento: “si fuera hallado un ladrón forzando o socavando una casa, y siendo herido muriese, el que lo hirió no será reo de la sangre vertida” (22,1). La consecuencia la extrae Jacques Leclerq, en nuestro tiempo cuando afirma: “la pena de muerte… no es justa sino porque y en cuanto responda a la legítima defensa de la sociedad”.

En la Ley Antigua se encuentran cincuenta y tres delitos castigados con la pena capital y en el Evangelio la encontramos en las parábolas de los viñadores homicidas (Mateo, 21, 41) y en la de la boda real, como respuesta al ultraje y al asesinato (Mateo, 22, 7).

Siglos de elaboración doctrinal son sintetizados por Pío XII con su claridad habitual: “el poder público tiene la facultad de privar de la vida al delincuente sentenciado en expiación de su delito después que este se despojó de su derecho a la vida”.

Destaquemos: tiene la facultad y no la obligación, porque el tema de la tasación de las penas es competencia del derecho positivo, cuyas leyes deben ser ordenaciones racionales atendiendo a las circunstancias, porque la aplicación de la pena de muerte es lícita, pero puede no ser oportuna.

Pero existen argentinos muy originales y así hace unos cuantos años un obispo Miguel Hesayne atacó la legitimidad de la pena capital con diversos argumentos; es inútil, porque no influye en la comisión de delitos; es inmoral, porque da mal ejemplo y el Estado se pone de igual a igual con un criminal; es injusta, “porque una sociedad que educa a sus miembros en la lucha por el éxito, engendra violencia y segrega delincuentes. Después, no quiere reconocer su propio fruto, sino que desea eliminarlo de su seno con un falso puritanismo”; es anticristiana (La Nación, Buenos Aires, 5/8/1990).

III.

En la misma línea hoy tenemos al Papa Francisco, que no solo quiere abolir la pena de muerte, sino también la de prisión perpetua, a la cual denuncia como una “ejecución escondida” y además condena los “modernos campos de concentración” (Gian Guido Vecchi, “Il Pontefice contro l’ergastolo”, Corriere della Sera, Milán, 26/10/2014.

Y arremete contra la pena de muerte “legal o ilegal que sea”, sin hacer diferencia, cuando en la Argentina se han visto en los últimos días linchamientos ante la impotencia policial, incluso el de un hombre inocente, ultimado por una turba, entre la cual se encontraba el culpable. Sin embargo, debemos hacer la distinción recordando las exigencias de la doctrina tradicional que exige autoridad competente, juicio público, escucha del acusado, garantías de la defensa y proporcionalidad entre la culpa y la pena.

El Papa habla de “modernos campos de concentración” en general, pero parece no advertir los que existen en su país en los cuales sufren muchos detenidos, a quienes se aplica la pena de muerte “por izquierda” la cual se ha cobrado hasta ayer, 489 víctimas, de las cuales 157 murieron durante el gobierno de Macri. Lo mismo pasaba en el lager de Polonia donde el escritor Giovanni Guareschi estuvo dos años preso:” La muerte paseaba entre las barracas. Nadie podía impedirle entrar en el campo y este era el único derecho que se concedía a hombres sin derecho”. ¿Alguna vez el Papa argentino se ocupará de sus compatriotas sufrientes y de sus familias y desafiará lo políticamente correcto?

Y ahora presentamos un resumen estadístico de datos de los presos hasta ayer, facilitado por un distinguido integrante de nuestra Comisión Directiva:

1. Cantidad de personas (hombres o mujeres) que estuvieron o están afectadas a estas causas: 2.289. Ellas son civiles, sacerdotes e integrantes de las Fuerzas Armadas, de Seguridad (Gendarmería y Prefectura Naval), Policiales (Policía Federal y provinciales) y Penitenciarias (Servicios Penitenciarios Federal y provinciales). Incluimos a todos los que están o estuvieron afectados a estas causas, porque el hecho de haber sido absuelto, sobreseído o dictado falta de mérito no significa que “mañana” esta situación no cambie arbitraria e ilegalmente por resolución judicial en la misma causa o siendo imputado en otra. Existen muchos casos de absueltos o sobreseídos que volvieron a ser imputados y hasta condenados.
2. Personas fallecidas que tenían condena firme: 56 de las 498 citadas. Es decir que 442 murieron sometidos a procesos injustos, siendo presuntamente inocentes.
4. Sobre la base de 1635 prisioneros cuyas edades se conocen, resulta lo siguiente:*Edades mínima y máxima de los sobrevivientes: 59 y 99.*Personas de 70 años o más detenidas en penales: 90.
6. *Personas entre 50 y 59: 8; entre 60 y 69: 397; entre 70 y 79: 741; entre 80 y 89; 414; de 90 y más: 75.
7. *Edad promedio: 75,71 años.

Somos precisos y nuestras declaraciones no necesitan aclaraciones. No mentimos porque nuestro Dios detesta a los labios impíos. No lanzamos generalidades como “los más de 30.000 desaparecidos” del Papa Francisco, ni legislamos acerca del tema transformando en jurídicamente obligatorio un invento, como lo hace María Eugenia Vidal, nuestra “marquesa de Sade” (Doce años de declaraciones que no necesitan aclaraciones), Infip, Buenos Aires, 2017, p. 209).

IV.

Hemos visto que tenemos un Papa que aboga contra la pena de muerte, pero a su lado a monseñor Marcelo Sánchez Sorondo que nos propone a China, campeona olímpica y mundial desde hace décadas en aplicar este castigo, como modelo actual de concreción de la doctrina social de la Iglesia.

Habla ese obispo: “En este momento los que mejor realizan la doctrina social de la Iglesia son los chinos; ellos buscan el bien común, subordinan las cosas al bien general”.

A su vuelta de un viaje al gigante asiático dice: “encontré una China extraordinaria; lo que la gente no sabe es que el principio general chino es trabajo, trabajo, trabajo. No tiene villas miseria, droga… Hay una conciencia nacional positiva, quieren demostrar que han cambiado, ya aceptan la propiedad privada”.

Y sigue su apología: atiende “más que otros países la encíclica de Francisco ‘Laudato Si’ sobre el cuidado de la casa común… en esto está asumiendo un liderazgo moral que otros han dejado… La economía no domina a la política como en los Estados Unidos… los chinos proponen trabajo y bien común”.

Los habitantes de ese país, en este momento “tienen una calidad moral que no se encuentra en muchos lados… El mundo es dinámico y evoluciona” (Vatican Insider, Vaticano, 3/2/1918).

A este peculiar monseñor le contestó por adelantado Xi Jinping: “Si nos desviamos o abandonamos el marxismo, nuestro partido perdería su alma y su dirección… debemos no vacilar nunca” (“Marxismo vivo”, en “La Prensa”, Buenos Aires, 1/10/2017)

¿Cómo se concreta esto en el orden político? China acaba de cambiar su Constitución para concentrar los poderes en el presidente Xi Jinping para siempre, o sea lo ha consagrado “Emperador” vitalicio y ahora ocupa tres cargos: Secretario general del Partido Comunista, Presidente del Estado y Presidente de la Comisión militar central.

Pero lo más grave es que tres obispos pertenecientes a la Iglesia patriótica, que son diputados y que hoy vuelven al redil en virtud de los “arreglos” después de estar excomulgados, votaron esto. Uno de ellos, Fang Jianping preguntado acerca de si los católicos chinos debían apoyar al presidente, dijo: “Naturalmente sí” y destacó que “siendo ciudadano de un país, la ciudadanía debiera estar antes que la religión” (Religión en Libertad, 14/3/2018).

V.

Hemos sido durante una década profesores de Introducción a la doctrina social de la Iglesia, materia instaurada por ese gran decano que fue Santiago de Estrada, a quien vaya nuestro recuerdo y homenaje.

O sea que algo entendemos, hemos estudiado el tema y podemos afirmar que hoy China es la antítesis de esa doctrina, pues resume lo peor del capitalismo y lo peor del comunismo.

Pero, además, el nuevo “emperador” es titular de un renovado patronato, que le permite participar en la designación de los obispos, perseguir a los fieles a Roma, integrantes de la Iglesia clandestina y blanquear a los traidores pertenecientes a la Iglesia patriótica.

Y como si fuera poco, todos los días nos llegan pésimas noticias de China: destrucción de iglesias y santuarios, nuevas prisiones para obispos, sacerdotes y laicos “clandestinos”, alcahueterías pagas como un premio a quienes denuncien actividades religiosas “ilegales”, multas contra folletos y felicitaciones cristianas, prohibición de asistencia a oficios religiosos de niños y jóvenes. Todo una singular e inédita concreción de la doctrina social de la Iglesia.

Recemos por los católicos chinos, heroicos resistentes, abandonados por quienes primero los debían sostener y confortar.

Buenos Aires, abril 16 de 2019

Juan VERGARA del CARRIL                               BernardinoMONTEJANO

Secretario                                                  Presidente